El equilibrio de poderes en el estado Colombiano
El equilibrio de poderes en el estado Colombiano
La separación de poderes, tradicionalmente Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está basada en la necesidad de que existan, como postularon John Locke y Montesquieu, contrapesos y equilibrios, un balance entre los distintos poderes de un estado para que, a través de los controles entre unos y otros, se garantice la igualdad de derechos inherente a una democracia mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes.
El Consejo Superior de la Judicatura del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
Lo importante no es el nominalismo, sino el ámbito competencial de cada poder y las interrelaciones entre los mismos. Esta es la única manera de analizar si realmente se desenvuelven en un verdadero espacio democrático o si, por el contrario, es una mera catalogación con apariencia democrática.
En el equilibrio de poderes se asegura que todo el sistema funcione debida y correctamente desde la administración nacional, departamental y entidades territoriales encabezadas por el Presidente de la República actualmente Juan Manuel Santos (rama ejecutiva), y que no exceda su proceder ante las demás divisiones del estado. El poder legislativo tiene fundamentalmente dos funciones irrenunciables: hacer leyes y controlar al ejecutivo. Por su parte, al ejecutivo le corresponde gobernar y al judicial aplicar las leyes y las normas de su desarrollo. Estas son sus competencias básicas y nada nuevo hay en este esquema.
De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos. Cada uno vigilará y controlará los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. La independencia del poder judicial se consigue por la elección de los órganos pertinentes por y entre los jueces. La independencia de los poderes ejecutivo y legislativo se consigue por medio de elecciones separadas para ambos, sin la utilización de listas de partido (abiertas o cerradas) y con candidaturas uninominales por distritos.
Viendo esto nos lleva a la conclusión de la importancia de discontinuar los excesos de uno y otro lado de las ramas del poder público, por el llamado bien común.
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